Este artículo examina las implicaciones legales y prácticas de la contradicción de tesis 300/2019, emitida por la Suprema Corte de Justicia de México, destacando el equilibrio que debe existir entre los derechos de los imputados y el acceso a la justicia para las víctimas dentro del sistema penal mexicano.
En este contexto, en el presente artículo, se analizan los problemas prácticos que se presentan para acreditar la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión; hace una crítica a la exclusión de las víctimas y sus asesores jurídicos de las audiencias donde se resuelven las solicitudes de órdenes de aprehensión; enfatiza la sobrecarga de trabajo de los Ministerios Públicos como un factor adicional que puede afectar negativamente la presentación de casos ante los jueces y pone especial énfasis en el respeto a los principios de presunción de inocencia, mínima intervención penal, el derecho de defensa del imputado y el derecho de las víctimas a recibir una justicia pronta y expedita.