El 16 de abril de 2024, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto que adiciona el Capítulo XV y el artículo 276 Quater al Título Décimo Octavo del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), tipificando por primera vez el delito de "corrupción inmobiliaria". Esta medida responde a la compleja realidad de la Ciudad de México: el crecimiento descontrolado y desordenado de su mancha urbana como consecuencia de los desarrollos inmobiliarios irregulares y la corrupción que permea en el sector inmobiliario.
Aunque la tipificación de este delito representa un paso significativo, este artículo subraya la necesidad de fortalecer las instituciones, fomentar la transparencia, la rendición de cuentas, y promover una cultura de legalidad entre todos los actores involucrados en el sector inmobiliario.

Este artículo examina las implicaciones legales y prácticas de la contradicción de tesis 300/2019, emitida por la Suprema Corte de Justicia de México, destacando el equilibrio que debe existir entre los derechos de los imputados y el acceso a la justicia para las víctimas dentro del sistema penal mexicano.
En este contexto, en el presente artículo, se analizan los problemas prácticos que se presentan para acreditar la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión; hace una crítica a la exclusión de las víctimas y sus asesores jurídicos de las audiencias donde se resuelven las solicitudes de órdenes de aprehensión; enfatiza la sobrecarga de trabajo de los Ministerios Públicos como un factor adicional que puede afectar negativamente la presentación de casos ante los jueces y pone especial énfasis en el respeto a los principios de presunción de inocencia, mínima intervención penal, el derecho de defensa del imputado y el derecho de las víctimas a recibir una justicia pronta y expedita.

A través de este artículo, se analiza la reforma a los artículos 258 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicada el 26 de enero de 2024 en el Diario Oficial de la Federación.
Mediante estas modificaciones se amplían significativamente los supuestos en los que procede el recurso de apelación en contra de las resoluciones del juez de control, siendo particularmente relevante, la inclusión de las resoluciones que se pronuncien sobre el no ejercicio de la acción penal. Esta expansión no es menor, pues representa un avance sustancial en los mecanismos de control judicial existentes. En consecuencia, este artículo enfatiza el impacto de esta reforma, ya que se traduce en una mayor protección a los derechos humanos, contribuye al fortalecimiento de las garantías procesales y, en última instancia, coadyuva a la consolidación del sistema penal acusatorio mexicano.